El Ayuntamiento de Camarles denuncia la lentitud y errores en la querella por malversación de 750.000 €
El Ayuntamiento de Camarles atribuye a dos exfuncionarios municipales la malversación de casi 750.000 euros. La tramitación judicial contra el extesorero y la exsecretaria interventora se ha revelado extraordinariamente lenta y llena de errores, según fuentes del consistorio.
El caso, que se remonta a irregularidades detectadas a finales de 2024, está provocando frustración y desconfianza entre los vecinos, que se preguntan cómo es posible que un proceso con tanto dinero tarde tanto.
Las irregularidades y la denuncia judicial en Camarles
¿Qué se detectó exactamente y Cómo se inició la investigación?
Los servicios municipales detectaron irregularidades financieras coincidiendo con la jubilación del tesorero. Un informe de la Diputación de Tarragona confirmó que el extesorero se apropiaba de efectivo simulando pagos e incrementaba sus emolumentos sin justificación, cuantificando el perjuicio en 709.411 euros. La secretaria interventora también acumula 32.499 euros de percepciones salariales sin justificación, según el informe.
¿Cómo se ha actuado legalmente contra los exfuncionarios?
El Ayuntamiento contrató abogados y procuradores y el 1 de julio de 2025 interpuso querella criminal por los delitos de malversación, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. La causa está en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tortosa, donde el tesorero ha reconocido parcialmente los hechos y ha restituido 38.733 euros.
La lentitud y los errores en el proceso judicial
¿Por qué la tramitación está tan parada y llena de errores?
Según el Ayuntamiento, la tramitación judicial es extraordinariamente lenta y llena de errores que los servicios jurídicos contratados deben enmendar continuamente. Estas dificultades prolongan un proceso que, por su gravedad, debería ir con más celeridad.
¿Qué consecuencias tiene esta lentitud para la justicia local y los vecinos?
Esta demora genera desconfianza e impaciencia en Camarles, donde los ciudadanos esperan que la justicia actúe con contundencia. También dificulta la recuperación de los fondos públicos malversados y mantiene en el aire la responsabilidad de los implicados.
La implicación política y el estado actual del caso
¿Cómo afecta este caso al alcalde y a la política local?
La juez ha retirado al alcalde Joan Curto la condición de investigado y lo ha citado como testigo. Inicialmente era uno de los tres implicados, junto con la secretaria y el tesorero, pero ahora solo se mantiene la investigación contra los exfuncionarios. Esta decisión alivia parcialmente la presión política en el consistorio.
¿Qué se puede esperar a partir de ahora en la resolución del caso?
A pesar de la lentitud y los errores, el Ayuntamiento confía en que la justicia acabará pronunciándose y que se hará justicia. Los vecinos siguen pendientes de cómo se desarrollará el proceso y si finalmente se recuperarán los dineros públicos desviados.
El caso de Camarles es un ejemplo claro de cómo un procedimiento judicial puede convertirse en una lucha burocrática donde la paciencia no es una virtud, sino una necesidad impuesta. La realidad es que la malversación de cerca de 750.000 euros no puede quedar en un cajón, y la presión ciudadana será clave para que la justicia se ponga al día.
Fuente del artículo: Redacción / Agencia Catalana de Noticias
