El exalcalde de Altafulla defiende los contratos investigados como técnicos
El exalcalde de Altafulla, Fèlix Alonso, se defiende ante el Tribunal Supremo asegurando que los contratos bajo investigación se adjudicaron con criterios técnicos y sin ningún tipo de interés partidista. La defensa señala que existen informes que avalan la legalidad del proceso.
Los hechos se remontan al período 2011-2019, cuando Alonso gobernó Altafulla. Ahora, el caso ha llegado al TS y también afecta a exconsejeros como Salvador Milà y Joan Ignasi Elena, que han declarado por las mismas cuestiones.
Declaraciones de Fèlix Alonso ante el Tribunal Supremo
Los criterios técnicos como eje central
Alonso ha dejado claro que los contratos analizados no respondieron a ningún tipo de favoritismo político, sino a motivos estrictamente técnicos. De hecho, ha destacado que la instrucción del caso ha puesto sobre la mesa informes técnicos contradictorios, donde algunos documentan que la forma de contratación era correcta.
La naturaleza de la investigación y los implicados
El proceso judicial investiga un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con adjudicaciones directas. Además del exalcalde, han comparecido exconsejeros implicados en la misma causa, lo que evidencia que el caso afecta a varios niveles de la administración municipal de aquella época.
Contexto y repercusiones locales
Altafulla, punto central de una polémica política y judicial
La ciudad de Altafulla vive un momento de tensión con este caso, que ha copado la atención mediática y política. Los vecinos se preguntan cómo estos contratos podrían haber afectado a la gestión pública y al desarrollo local durante ocho años.
La respuesta social y política
El caso ha provocado reacciones diversas entre partidos y ciudadanos. Algunos defienden el trabajo realizado, mientras otros reclaman más transparencia y un control más estricto de los procesos de adjudicación pública para evitar sospechas de parcialidad.
Detalles técnicos de los contratos investigados
Los informes técnicos y su contradicción
Los documentos aportados a la causa muestran opiniones divergentes. Algunos informes avalan la contratación directa como procedimiento adecuado, mientras que otros cuestionan la falta de transparencia. Esta contradicción es clave para la evolución del caso.
¿Qué implica la prevaricación administrativa?
El delito que se investiga consiste en adjudicar contratos sin seguir las normas establecidas, causando un perjuicio al interés público. La defensa sostiene que este no es el caso, y que los contratos se realizaron siguiendo criterios técnicos y legales, sin intenciones políticas ocultas.
La realidad es que la causa aún está en marcha y deja pendientes preguntas que solo el Tribunal Supremo podrá resolver, mientras Altafulla sigue pendiente de lo que determine la justicia.
Fuente del artículo: Maria Pratdesaba / Miquel Vera | ACN
