En Aldea, la Fiscalía solicita 5 años y 2 meses para Ferré: «No era un simple trabajador»
La Fiscalía pide 5 años y 2 meses de prisión para Daniel Ferré. La petición se ha rebajado por las dilaciones indebidas de un caso que estalló en 2012 y que ahora, finalmente, ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Tarragona.
La cooperativa de l’Aldea, sin embargo, eleva la reclamación hasta los 23 años y medio. La otra acusada, una proveedora de la entidad, ha aceptado tres meses de prisión por falsedad documental mercantil y una multa de 4 euros al día durante dos meses.
La Fiscalía rebaja la petición para el exgerente
Para los vecinos de l’Aldea, el juicio pone cifras a una quiebra que afectó a una entidad muy arraigada en el municipio y que arrastra más de una década de demora.
¿Qué pena pide ahora la Fiscalía?
La Fiscalía ha fijado en 5 años y 2 meses de prisión la petición para el exgerente Daniel Ferré, tras aplicar la circunstancia de las dilaciones indebidas. El caso estalló en 2012 y no ha llegado a juicio hasta ahora.
El ministerio fiscal también solicita una multa de 6.700 euros. La cifra queda muy por debajo de la que reclama la representación de la cooperativa, que pide 162.000 euros en concepto de sanción económica.
La responsabilidad civil que reclaman las dos acusaciones coincide, en cambio, en una cantidad próxima a los 1.790.000 euros. La diferencia entre las partes no es menor: la prisión, la multa y la reparación económica se mueven en escalas muy diferentes.
| Parte que acusa o defiende | Petición o posición |
|---|---|
| Fiscalía | 5 años y 2 meses de prisión y 6.700 euros de multa |
| Cooperativa | 23 años y medio de prisión y 162.000 euros de multa |
| Defensa de Ferré | Absolución |
| Responsabilidad civil reclamada | Cerca de 1.790.000 euros |
¿De qué acusa la Cooperativa al exgerente?
La Fiscalía y la acusación particular atribuyen a Ferré cinco delitos: falsedad contable, falsedad en documento mercantil, administración desleal, alzamiento de bienes y apropiación indebida.
El fiscal ha descrito una situación que, según su intervención, no era simplemente un problema de gestión. «Las actuaciones de Ferré no generaron una situación de riesgo, sino de colapso», ha afirmado. Y ha añadido: «La contabilidad no reflejaba la realidad».
La Fiscalía sostiene que Ferré era gerente desde hacía 20 años y que acumulaba seis quinquenios en la cooperativa. Según la acusación, tenía todos los poderes, tanto los notariales como los derivados de la confianza interna, y era quien «hacía y deshacía» dentro de la entidad.
Las cifras que centran la acusación
El lector del Ebre encontrará el punto más concreto del juicio: facturas, inversiones y dinero que, según la acusación, habrían salido del circuito de la cooperativa.
¿Qué operaciones considera irregulares la acusación?
La acusación particular ha señalado la existencia de facturas por valor de 3 millones de euros que aparecían como pendientes de cobro, pero que, según su versión, serían ficticias y habrían servido para maquillar las cuentas.
El letrado de la cooperativa también ha hablado de inversiones millonarias que habrían hipotecado la entidad y su sección de crédito. Además, ha afirmado que Ferré no habría entregado a los inspectores los balances separados de las diferentes secciones, lo que habría dificultado la detección de las irregularidades.
En relación con la apropiación indebida, la acusación ha puesto el foco en un contrato de depósito con Banesto valorado en 160.000 euros. Según el letrado, Ferré habría resuelto el contrato directamente a su cuenta corriente.
La tesis de la acusación es que, si quería disponer del dinero como depositante, lo habría tenido que solicitar a la cooperativa. No lo habría hecho porque sabía que la entidad era insolvente y que no podría recuperarlo, según la exposición hecha durante el juicio.
¿Qué papel le atribuyen dentro de la Cooperativa?
La representación de la cooperativa ha defendido que todos los testigos señalaron a Ferré como el último responsable de las actuaciones contables. La acusación ha remarcado que las únicas personas que no lo hicieron fueron su esposa y sus hijos.
El letrado ha situado la trayectoria de Ferré dentro de la entidad como un dato decisivo. Comenzó en 1981 y, en 1996, se presentó como posible gerente ante el consejo rector, que lo aceptó.
La lectura de la acusación es clara: Ferré no habría sido un trabajador más, sino la persona que gestionaba todos los aspectos de la cooperativa. Por ello le atribuye responsabilidad penal y civil directa en el colapso de la entidad.
La Fiscalía ha utilizado una línea similar, aunque con una petición final mucho más baja. El fiscal ha remarcado que era difícil que el gerente desconociera lo que pasaba, porque acumulaba años de mando y disponía de poderes amplios.
La Defensa reparte la responsabilidad
Para la defensa, el caso no se puede cargar sobre una sola persona: el consejo rector tenía la máxima responsabilidad sobre el funcionamiento de la cooperativa, y Ferré no formaba parte.
¿Por qué la Defensa pide la absolución?
La defensa sostiene que Ferré no era el único responsable de emitir las cuentas. Si había otras personas con funciones de control que no han sido encausadas y que no cometieron ningún delito, argumenta, su cliente tampoco debería ser condenado.
El letrado ha reconocido que el exgerente disponía de poderes amplios, pero ha recordado que también los tenían el director y otros cargos directivos. La defensa ha insistido en que las cuentas anuales las formula legalmente el consejo rector, no el gerente.
Durante su intervención, ha cuestionado que Ferré tuviera los conocimientos necesarios para elaborar las cuentas. «Ferré no tiene estudios especializados —en economía—», ha afirmado, antes de preguntar qué capacidad tenía para hacer unas cuentas anuales que, según la ley, correspondían al consejo rector.
La defensa ha rechazado que los miembros del consejo rector fueran simples agricultores sin capacidad de decisión. Su argumento es que la responsabilidad no podía concentrarse en Ferré mientras otros posibles implicados no afrontaban una acusación penal.
¿Qué niega el exgerente según su abogado?
La defensa ha asegurado que no hay prueba alguna de que el colapso de la cooperativa fuera causado por la actividad de Ferré. También ha negado que su cliente realizara alguna operación ficticia o participara en una revalorización de inmovilizado.
Este es el choque central del juicio: para las acusaciones, Ferré controlaba la entidad y conocía las irregularidades; para la defensa, tenía poderes pero no era quien debía asumir solo la responsabilidad de las cuentas.
La otra acusada, una proveedora de la cooperativa, ha aceptado los cargos de falsedad en documento mercantil en la modalidad de delito único. La condena pactada es de tres meses de prisión y una multa de 4 euros al día durante dos meses.
El juicio ha quedado visto para sentencia este viernes. Ahora será el tribunal quien tendrá que decidir si da más peso a la versión de las acusaciones, que hablan de colapso y perjuicios millonarios, o a la defensa, que reclama la absolución y reparte las responsabilidades entre los órganos de gobierno de la cooperativa.
La quiebra de la cooperativa de l’Aldea queda pendiente de una resolución judicial tras un procedimiento iniciado a raíz de los hechos de 2012. Las peticiones van desde los 5 años y 2 meses de la Fiscalía hasta los 23 años y medio de la acusación particular, con casi 1.790.000 euros de responsabilidad civil en disputa. El tribunal tiene ahora la última palabra.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué pena pide la Fiscalía para Daniel Ferré?
- La Fiscalía pide 5 años y 2 meses de prisión para el exgerente, tras aplicar las dilaciones indebidas. También solicita una multa de 6.700 euros.
- ¿Cuántos años de prisión reclama la cooperativa de l’Aldea?
- La representación de la cooperativa reclama 23 años y medio de prisión para Ferré y una multa de 162.000 euros.
- ¿Qué responsabilidad civil se discute?
- La Fiscalía y la acusación particular coinciden en reclamar cerca de 1.790.000 euros por diferentes conceptos de responsabilidad civil.
- ¿Qué condena ha aceptado la otra acusada?
- La proveedora de la cooperativa ha aceptado tres meses de prisión por falsedad en documento mercantil y una multa de 4 euros al día durante dos meses.
Fuente del artículo: Eloi Tost / Agencia Catalana de Noticias
