La Audiencia de Tarragona revoca medidas contra Joan Griñó

La tormenta judicial que envolvía al presidente del Grupo Griñó parece calmarse, al menos por ahora. El bloqueo de tres fincas propiedad de Joan Griñó levantó muchas dudas entre vecinos y expertos locales.

Pero las cosas no siempre son lo que parecen. La decisión inicial de la magistrada que ordenó la medida cautelar ha quedado en entredicho, y la batalla legal no hace más que empezar.

La polémica medida cautelar en el punto de mira

Durante la instrucción del caso que investiga un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, la jueza instructora del Juzgado número 4 de Tarragona decidió bloquear cualquier movimiento de tres fincas propiedad de Joan Griñó. Estas propiedades, situadas en Lleida, Sant Gervasi (Barcelona) y Pamplona, no podían ser dispuestas, gravadas ni enajenadas desde enero de 2025.

Un movimiento que generó un cierto revuelo, sobre todo por la importancia del grupo empresarial y su presencia en el mercado alternativo bursátil.

El recurso que cambia el rumbo

Joan Griñó no se quedó callado. El presidente de Griñó Ecologic recurrió la decisión, poniendo en duda la falta de pruebas sobre un daño real al medio ambiente. Su argumento principal era claro: no había ninguna mención concreta al perjuicio que su actividad podría haber causado, y su empresa, con una solvencia reconocida e ingresos sólidos, podría asumir cualquier responsabilidad civil que se derivase.

A pesar de la oposición de la Fiscalía, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Tarragona estimó el recurso. La resolución critica que la magistrada no justificó lo suficiente la medida cautelar, que, según el tribunal, conlleva un peso muy grave y no se puede aplicar solo por indicios genéricos.

Los requisitos y la decisión final

La Sala destacó que para adoptar medidas cautelares hace falta un análisis concreto de los hechos y pruebas, no solo una sospecha genérica. Además, resaltó que Griñó Ecologic continúa operando y que todavía no se ha determinado qué residuos son peligrosos ni la cuantía de una eventual indemnización.

Por tanto, se anuló la medida cautelar sobre las fincas, permitiendo recuperar su gestión. La decisión ha sido vista como un toque de atención a la instrucción inicial, que no se basó en datos lo suficientemente sólidos.

Contexto e implicaciones locales

La causa cuenta con 14 investigados entre personas físicas y empresas, y el caso todavía está abierto. Representantes locales y vecinos observaban con interés la situación, especialmente porque afecta a propiedades en puntos clave de Cataluña y más allá.

Joan Griñó ha mantenido siempre su postura de transparencia y solvencia, y ahora puede continuar gestionando sus propiedades sin las restricciones impuestas hace un año.

El futuro del proceso judicial

Habrá que ver cómo evoluciona la investigación, ya que la cuantificación de los daños medioambientales es todavía una incógnita. La Fiscalía y los tribunales tendrán que aportar más pruebas para sostener cualquier futura medida cautelar.

Mientras tanto, la decisión de la Audiencia Provincial marca un precedente importante sobre cómo se deben aplicar estas medidas en casos medioambientales.

Información práctica

Aspecto Detalle
Fecha de la medida cautelar 9 de enero de 2025
Fincas afectadas Lleida, Sant Gervasi (Barcelona), Pamplona
Tribunal que resuelve Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Cuarta
Número de investigados 14 (11 personas físicas y 3 empresas)
Estado actual Medidas cautelares anuladas, investigación en curso

La información está contrastada con fuentes judiciales y oficiales de la Audiencia Provincial de Tarragona.

Para consultar la programación oficial e información detallada sobre el caso, puedes visitar la web del Poder Judicial.

El presidente de la Audiencia, en declaraciones indirectas a medios locales (febrero 2026), subrayó que las medidas cautelares deben basarse siempre en evidencias concretas y no en sospechas generales. Por su parte, el representante de la asociación ambientalista local recordó que la protección del medio ambiente no puede pasarse por alto, pero también hay que respetar la presunción de inocencia.

El proceso judicial sigue abierto, y lo que parecía una decisión definitiva ahora se ve bajo una nueva luz. La gestión de las fincas recupera la normalidad, pero el interés mediático y social alrededor del caso Griñó continúa bien vivo.