La incómoda realidad del mercado inmobiliario y la regularización masiva
Más de 500.000 personas pendientes de regularización, sin contrato ni vivienda garantizada, en una Cataluña donde construir parece pecado y la propiedad privada se ha convertido en sospechosa habitual.
Los precios no bajan, la construcción no arranca y la solución oficial siempre es la misma: intervenir más, señalar al propietario y proteger al okupa como si fuera patrimonio cultural. ¿Alguien lo entiende?
El mercado inmobiliario: cuando el malo siempre es el que tiene las llaves
En 20 años, la proporción de viviendas en manos de grandes tenedores se ha duplicado. Representan cerca del 9,7% del parque total, es decir, unos 364.000 pisos concentrados en un 1% de los propietarios. La narrativa oficial es clara: si hay crisis de vivienda, la culpa es suya.
Barcelona lidera el ranking con más de 73.000 viviendas en manos de empresas o grandes inversores. Pero el debate nunca baja al detalle incómodo: la mayor parte del parque sigue en manos de pequeños propietarios. Aquellos que han heredado un piso, que han comprado uno con ahorros, que pagan impuestos religiosamente y que ahora son tratados como si fueran BlackRock con barretina.
Mientras tanto, la construcción crece solo un 27% en dos décadas, el ritmo más bajo del Estado. No se construye lo suficiente, pero el problema —dicen— es que hay demasiados propietarios. Un poco como culpar al panadero porque falta pan mientras prohíbes hacer hornos.
Intervenir, intervenir y volver a intervenir
Un abogado barcelonés defiende limitar la compra de viviendas para uso no residencial en zonas tensionadas. El modelo de Ámsterdam como faro moral: solo puedes comprar si vives allí. Suena bien sobre el papel. Siempre suena bien sobre el papel.
La idea es que prohibiendo operaciones se frenará la especulación y la gentrificación. Pero la pregunta es incómoda: si ya no se construye lo suficiente, si ya hay trabas urbanísticas, fiscales y burocráticas, ¿qué pasa cuando aún restringes más?
Las leyes estatales y catalanas ya obligan a garantizar el acceso a la vivienda. ¿El resultado? Precios disparados, oferta reducida y pequeños propietarios que prefieren tener el piso vacío antes que arriesgarse a un impago eterno o a una ocupación con final judicial incierto.
Regularizar a medio millón de personas… sin contrato ni casa
Pero el gran elefante en la sala no son solo los grandes tenedores. Es que más de 500.000 inmigrantes irregulares están en proceso de regularización sin contrato de trabajo previo ni antecedentes penales. Y eso en un mercado que ya no puede absorber la demanda actual.
Regularizar no crea viviendas. No construye pisos. No amplía barrios. Pero sí aumenta la presión sobre un parque ya tensionado. Si cada nueva regularización implica una futura unidad familiar, hablamos potencialmente de cientos de miles de nuevos hogares en un territorio que construye a ritmo de tortuga administrativa.
La paradoja es fina: no se facilita el suelo, no se agilizan licencias, no se estimula la promoción privada… pero se amplía la demanda. Y cuando los precios suben, la solución no es construir más, sino intervenir más la propiedad privada.
El propietario: nuevo enemigo público
El discurso dominante dibuja un esquema simple: si el alquiler es caro, es culpa del propietario; si hay pisos vacíos, es culpa del propietario; si hay ocupaciones, el problema es que el propietario no los cede voluntariamente.
Mientras tanto, el okupa se convierte en figura casi romántica. Las reformas legales han ido reduciendo la seguridad jurídica del propietario, alargando procesos judiciales y generando un mensaje claro: tener un piso puede ser un riesgo.
Y cuando el riesgo aumenta, la respuesta natural es retirar oferta del mercado. Menos pisos en alquiler, más tensión, más intervención. Un círculo perfecto. O perverso, según se mire.
Construir menos y regular más: la ecuación imposible
La pregunta que casi nadie formula es sencilla: ¿por qué no se construye más? ¿Por qué el crecimiento del parque es del 27% en 20 años mientras la población no deja de aumentar?
La respuesta tiene que ver con suelo limitado, trabas administrativas, presión fiscal e inseguridad jurídica. Pero eso no encaja con el relato fácil. Es más cómodo hablar de especuladores que revisar un modelo que penaliza la inversión y desincentiva la promoción.
Mientras tanto, ciudades cada vez más densas, servicios tensionados y barrios que cambian a una velocidad que ni sus vecinos reconocen. ¿Y la culpa? Siempre externa. Nunca estructural.
Tabla resumen: datos clave del mercado inmobiliario en Cataluña
| Datos | Cifra |
|---|---|
| Porcentaje de viviendas en manos de grandes tenedores | 9,7% (364.226 viviendas) |
| Aumento en 20 años | 150% |
| Viviendas controladas por empresas | 47,8% dentro de grandes tenedores |
| Crecimiento de viviendas nuevas (20 años) | 27% |
| Inmigración irregular en proceso de regularización | Más de 500.000 personas |
Reflexión final
La combinación es explosiva: poca construcción, más demanda y más intervención. Y en este cóctel, la propiedad privada es vista como un obstáculo a domesticar, no como una herramienta para generar oferta.
Regularizar a personas sin garantizar integración laboral ni vivienda disponible puede ser una decisión política legítima, pero negar su impacto sobre el mercado es, como mínimo, ingenuo. Si no se facilita construir y no se refuerza la seguridad jurídica, el resultado será más tensión, no menos.
El debate sigue abierto. El mercado, en cambio, no espera.
