El Govern se dota de herramientas jurídicas para proteger el litoral catalán
El litoral catalán está en plena revolución invisible y nadie sabe muy bien cómo acabar con el caos administrativo que le rodea. La costa, un tesoro amenazado por la naturaleza y la burocracia, está a punto de recibir una respuesta legal que promete cambiarlo todo.
Pero, ¿cómo se puede proteger un espacio donde conviven 91 municipios con visiones diferentes y donde se mezclan competencias del Estado, la Generalitat y los ayuntamientos? El Govern ha empezado a preparar herramientas jurídicas que intentarán ponerlo en orden.
El plan que quiere traer paz al litoral catalán
El Govern catalán está trabajando en un documento que, a priori, debe ser el manual de instrucciones para la costa hasta 2100. El Plan de Protección y Ordenación del Litoral (PPOL) pretende ser más que un conjunto de buenas intenciones: quiere transformar la manera en que se gestiona y se vive la costa catalana, que no es poca cosa. Y es que no solo se trata de proteger la naturaleza, sino también de garantizar que pueda haber gente viviendo en ella sin acabar en la playa después de una tormenta.
Una de las claves del PPOL es que quiere integrar diferentes perspectivas: medio ambiente, urbanismo y turismo. Esto implica definir, por ejemplo, dónde y cómo se puede construir o pasear por caminos de ronda, teniendo en cuenta riesgos como las inundaciones. Y no es solo un plan local: afecta a 91 municipios, entre los que hay 70 zonas costeras y 21 del interior.
Un panorama costero a examen
La costa catalana suma 692 kilómetros, donde más de la mitad son acantilados o costa baja. Las playas urbanas y naturales representan un 39%, y los puertos, solo un 5%. Este litoral concentra casi el 42% de la población y puede llegar a sumar hasta 7 millones de habitantes en verano. También es un motor económico: el 14,5% del PIB catalán y cerca de 5.000 millones de euros en valor añadido bruto solo en el año 2021.
Pero lo que más llama la atención es la pérdida de habitabilidad. Entre 1956 y 2019, el 21% de las playas analizadas han retrocedido entre 20 centímetros y un metro anuales, y un 3% ha perdido más de un metro cada año. En l’Estartit, por ejemplo, el nivel del mar se ha elevado 10-11 centímetros desde 1990. No es ninguna broma: la costa está cambiando y el litoral necesita un plan que no sea solo bonito sobre el papel.
El desbarajuste de las competencias: un embrollo legal
Si la naturaleza ya complica la vida en el litoral, la burocracia no ayuda en absoluto. El Govern reconoce un 'desbarajuste' de competencias entre el Estado, la Generalitat y los ayuntamientos. El Estado se hace cargo de obras generales, la Generalitat del uso y gestión, y los ayuntamientos del planeamiento urbanístico. Esto genera confusión, solapamientos y más de una crisis de nervios cuando toca decidir qué se puede hacer y qué no.
El PPOL no cambiará esta distribución, pero sí que pretende definir una gobernanza compartida para poner orden y que todos hagan un buen uso del litoral, sin pisarse los pies. Esto implica combinar medidas generales con otras más locales, adaptándose a la diversidad de situaciones costeras.
Aspectos jurídicos y participación ciudadana
La naturaleza jurídica del plan será la de los planes directores urbanísticos, con fuerza vinculante para las administraciones. El Departament de Territori tiene previsto aprobarlo definitivamente el primer semestre de 2028, y este febrero ha abierto la fase de participación ciudadana para recoger opiniones y sugerencias.
Así pues, habrá tiempo para opinar y quizá para poner sobre la mesa más de una queja o sugerencia. Pero el objetivo está claro: que el litoral catalán tenga una hoja de ruta que garantice su sostenibilidad y habitabilidad ante los retos climáticos y administrativos.
Los riesgos climáticos y los escenarios futuros
El cambio climático es una amenaza real y palpable, pero el grado de incertidumbre es alto. Por eso, el PPOL plantea dos escenarios para 2050 y 2100: uno continuista, donde se aplican políticas sostenibles, y uno pesimista, con impactos duplicados.
En el escenario menos fatalista, se podrían inundar unas 7.000 hectáreas, especialmente en el delta del Ebro, Llobregat y Empordà, con un retroceso medio de la costa de 13 metros. Pero si lo peor se hace realidad, casi 21.000 hectáreas quedarían bajo el agua, casi el doble de Barcelona, afectando también zonas de costa alta.
Medidas preventivas y protección
El plan permitirá actualizar catálogos de playas, establecer restricciones para autorizaciones en zonas de riesgo de inundación, y definir áreas de protección especiales. Así, se quiere evitar que se den permisos que pongan en peligro la seguridad y el futuro de la costa.
El reto es mayúsculo y el tiempo corre. Pero, de momento, el Govern ha puesto las cartas sobre la mesa para intentar que el litoral catalán deje de ser un caos de derechos, normas y riesgos climáticos para convertirse en un espacio ordenado y habitable.
